Nada más que la verdad

El prefecto Héctor Febres, uno de los represores que manejaba la situación de las embarazadas en la ESMA, y por lo tanto de los bebés desaparecidos, comenzará a ser juzgado este jueves 18 de octubre aunque no por ese delito sino por secuestros y torturas. Más de 40 testigos irán a declarar. El ministerio de Justicia les ofreció colocarles pulseras electrónicas por si fuesen víctimas de un secuestro, lo cual demuestra, según dijo a lavaca el abogado Rodolfo Yanzón, que el Estado no sabe qué hacer y “no está en condiciones de proteger a los testigos” pese al lo cual todos van a declarar. “Por mi, y por miles que nunca van a poder hacerlo” expresó uno de los querellantes. En diciembre habrá sentencia.

Veinte años después de las leyes de Punto final y Obediencia Debida alfonsinistas que frenaron las causas por violaciones a los derechos humanos tras los levantamientos carapintadas del luego duhaldista y actual kirchnerista Aldo Rico, por primera vez se podrá retomar la llamada Causa ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) a partir de sólo un caso, por ahora: el del prefecto Héctor Antonio Febres. Ocurrirá en la llamada “Sala Amia”, donde el público observa detrás de un vidrio blindado, y que hace referencia a esa especie de dictadura de la impunidad que el poder judicial demasiadas veces convalida.
Abogados, querellantes y sobrevivientes decidieron impulsar este juicio que puede parecer “pequeño” (si alguien quisiera hablar de pequeños crímenes de lesa humanidad) pero que permitirá revelar una vez más los mecanismos y perversiones del terrorismo de Estado, y acaso condenar a uno de sus ejecutores.

La pulserita del Ministerio de Justicia

Los testigos, cuenta Yanzón, viven el efecto rebote inevitable tras la desaparición de Julio López. “Cualquier cosa fuera de lo común es para ellos una alarma. Ahora tienen los nervios propios de volver a declarar ante un tribunal, pero lo que hemos hecho es tomar algunas medidas de seguridad para poder estar permanente comunicados por cualquier cosa que necesiten”.
La sensación, tras la desaparición de López, es que no hubo cuidado sobre los testigos: “Y es lo que sigue ocurriendo. En el juicio a Von Wernick por suerte no pasó nada, pero no hubo ninguna protección. Estoy hablando de lo que tendría que hacer y no hace el Estado” dice Yanzón que cuenta una situación ilustrativa del estado de las cosas: “Vino gente del Ministerio de Justicia y les propuso a uno de los testigos: Te podemos poner una pulserita electrónica por si acaso”. Se trataría de un dispositivo electrónico para detectar a la persona, cual las agencias policiales que detectan la localización de autos robados. Esta posible genialidad de los funcionarios fue contestada del siguiente modo: “¿Vos querés que además me corten el brazo para que ustedes no encuentren la pulserita?”
Según Yanzón este diálogo demuestra varias cosas: “Los funcionarios no sé si no quieren, pero no saben qué hacer. Yo creo que estos juicios merecen la atención de la comunidad internacional, y que el Estado tendría que reconocer que no está en condiciones de proteger a los testigos, y necesita una colaboración externa. La ONU, la OEA, la Cruz Roja, otra cosa”. Yanzón recuerda la situación que vivió en Colombia, donde los testigos y amenazados por grupos paramilitares eran protegidos por personal especializado. “Aquí se agrega que a los testigos les decís que los va a cuidar la policía, y no quieren saber nada”.
Para el abogado el otro problema es de ideología y autopreservación de la burocracia. “En el Poder Judicial, el Ejecutivo, en la secretaría de Derechos Humanos, estos juicios generan además un montón de oficinas nuevas y empleos, que luego tienen que justificarse. Si vos revelás que todo eso no sirve para nada, les arruinás esa fuente laboral. Pasó con la Causa ESMA y la del Primer Cuerpo del Ejército. Los jueces estaban chochos porque podían contratar más gente, los empleados chochos porque recibían contratos mejores, todo esto genera poder, empleo, manejo de gente y de dinero, y formas de justificar todo ese movimiento”. Para Yanzón, escéptico sobre estas invenciones estatales, ya hay oficinas de asistencia a las víctimas que son una especie de adorno, al igual que las de protección de testigos.

En este lugar personaje como Febres recrearon el infierno, en la tierra.

Nota publicada en LaVACA